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En una noche fría de noviembre, la primera después de una serie de días con temperaturas en los setenta, personas se encaminaron para una Antigua tienda en el Acushnet Avenue en el Lado Norte de New Bedford. Algunos de las 50 y tales personas reunidas hablaron de sus vidas con amigos en el español y quiché’, un idioma hablado por más que un millón de personas en las comunidades rurales Mayas de Guatemala. 

Dos semanas antes, los electores norteamericanos eligieron el Donald Trump a la presidencia por la segunda vez y ese hecho les asombró a los asistentes — inmigrantes del América Central en su mayoría, muchos sin documentos — en el Centro Comunitario de Trabajadores (CCT). 

Al longo de la campaña presidencial, el Trump prometía a los votantes que su administración iba realizar deportaciones masivas, a veces jurando declarar una emergencia nacional y que esas van a incluir los militares para detener inmigrantes. En una entrevista publicada por “Meet the Press,”  Trump dijo que pensara en remover los hijos ciudadanos de los deportados para esquivar la separación de familias y su elección para zar de la frontera, Tom Homan, dijo que la mayor operación de deportaciones en la historia se iba comenzar en el día 21 de enero, un día después de la tomada de pose del Trump. 

El primero para hablar aquella noche en New Bedford fue el Jefe de la Policía Paul Oliveira que recibió preguntas en español sobre los efectos potenciales de los planes de deportación proclamados por el Trump en las operaciones de la policía municipal. ¿Qué hagamos si experimentemos un crimen de odio? ¿Lo podemos reportar? ¿Si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) piden que la policía municipal detenga a una persona, lo hacen los oficiales lo hacen?

“No estamos involucrados con el ICE,” Oliveira aseguró a la gente a través de un intérprete. “Nada se va a cambiar entre la policía y la comunidad con que interactuamos.”

La Jennifer Velarde, una abogada de inmigración basada en New Bedford, se subió al palco después del Oliveira y comenzó a listar las diferentes medidas que los asistentes pudieran tomar para prepararse por la mudanza dramática en la política de inmigración: No se abra la puerta a nadie que no tiene un orden firmado por un juez. Se tiene el derecho de quedarse callado. Que se deje de tomar el alcohol u otras sustancias que alteran la mente — y que se busca tratamiento para los trastornos relacionados a ello — con fin de evitar problemas legales. 

La Velarde también aconsejó al grupo que se preparen documentos dando la custodia de sus niños a personas de confianza y que tengan sus pasaportes listos para que les puedan visitar a sus padres en el extranjero. 

“Si usted sepa de que haya una situación en que uno se puede ser deportado, háblalo en familia,” dijo. Todo el consejo que ella ofreció pudo ser resumido en una palabra: prepárense. 

“Hay muchas cosas en que no sabemos que va a pasar,” dijo Velarde. “Lo que sí, sé, es que mucho de lo que ya sé de la inmigración se va a cambiar, y eso no va a ser bonito.”

Al largo de los últimos dos siglos, los inmigrantes han buscado el refugio en New Bedford y se han convertido en el base de su mayor sector económico — la industria pesquera — que, según un estudio del año 2019 patrocinado por la autoridad del Puerto de New Bedford,  genera unos $11,1 billones de dólares anualmente en actividad económica. Con sus raíces en la industria de ballena y los textiles, la presencia de los inmigrantes en la ciudad sigue fuerte y se continue creciendo. Más que un quinto de los más que 100.000 residentes de New Bedford nacieron en el exterior, según el estimado de un año del 2023 American Community Survey, casi los 55 por ciento de ellos no ciudadanos. 

Los defensores de los inmigrantes piensan que exista la posibilidad de que New Bedford será un blanco clavo en una gran lista de lugares clavos en una nueva campaña de deportación baja la nueva administración. El CCT fue fundado por activistas aquí como resultado de una redada de marzo 2007 realizada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) — entonces la mayor en la historia estadounidense — en la fábrica de textiles Michael Bianco Inc., ubicado en el Lado Sur de New Bedford. En la redad, que salió de un aviso de un empleado en la misma fabrica, Los agentes detuvieron 361 trabajadores indocumentados del Cabo Verde, la Republica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Portugal, y otros países. Un activista con el grupo, un guatemalteco indocumentado que habló baja la condición del anonimato por su miedo de ser deportado, dijo que el evento señaló que el nacimiento del CCT en la lucha y que se vaya a continuar en ella para los obreros y la comunidad inmigrante durante la segunda administración Trump. 

Muchos expertos dicen que las deportaciones masivas en la escala prometida por el Trump separarían las familias, resultaría en la perdida de careras, y drenaría los beneficios sociales por los billones que contribuyen los indocumentados a los programas como el Seguro Social y Medicare por sus impuestos sobre el rendimiento sin tener acceso a los pagos o servicios de los mismos programas. No solo les daría una vuelta a las casas de pez en New Bedford si no afectaría los impuestos coleccionados por el estado y potencialmente esforzaría muchos residentes a salir de la zona en búsqueda de trabajo. 

El New Bedford tiene más experiencia de la primera mano con las deportaciones en escala grande por haber vivido la Redada Bianco. En el 2007, más que la mitad de las personas detenidas fueron guatemaltecos, y la mitad de ellos fueron Maya del departamento de El Quiché en el noroeste del país. Las agencias de la ciudad y las organizaciones del servicio social intentaban ayudar al pueblo negar el caos. La redada también lo hizo imposible ignorar el hecho de que grandes sectores de la economía estadounidense descansan en la mano-a-la-obra de inmigrantes sin documentos. 

La falta de detalles de los planes de Trump deja a los oficiales, activistas, y civiles aprehensivos y ansiosos sobre su escala, las tácticas, y los posibles impactos de ellos. Sin embargo, los activistas dicen que tienen la certeza de que la ciudad no va a esquivar las consecuencias de ellas.

“Yo considero que él va a cumplir con lo que dijo,” el activista del CCT, que también trabaja con una organización del derecho laboral con enfoque en las casas de pez en New Bedford y su alrededor llamado Pescando Justicia, dijo. “Nuestra comunidad todavía no está preparado para eso.”

Ya que sea un segmento pequeño de la economía estatal, la pesquera y procesamiento de mariscos dominan a New Bedford. Oficiales municipales pregonan su estado como el Puerto pesquero mayor del país por el valor de los productos recogidos. En el 2023, el valor de los mariscos traídos al puerto fue en sima de los $363 millones, según los datos del Servicio Nacional de la Pesquera Marina. (En el segundo lugar salió el Dutch Harbor, en Alaska, cuyos mariscos tuvo un valor de $224,5 millones.) Mucho de eso se debe al precio de la vieira atlántica de que consiste el 80 por ciento de los mariscos desembarcados en New Bedford.

La herranza marítima de la ciudad cuyas raíces se extienden hacía el siglo 19 cuando era un centro internacional en la industria ballena y el procesamiento de sus productos es clave a su identidad. Es una historia que dio lugar a las comunidades azorianas y caboverdianas que se juntaban a las tripulaciones de los barcos que parraban en los archipiélagos por descanso y reabastecimiento. Los dos grupos ya son integrales a la cultura de la ciudad. Según la Helena DaSilva Hughes, presidenta del Centro de Ayuda al Inmigrante (IAC) — una organización de servicios sociales local sin fines de lucro — los inmigrantes fueron esenciales a las industrias marítimas de la ciudad entonces y continúan así, sin importarse de su estado migratorio.

“No se puede hablar de que New Bedford es el puerto [pesquero] número uno en el país por 20 años sin hablar de quién es que haga el trabajo. [Las casas de pez] son el motor económico de New Bedford,” dijo Hughes, y que sin su labor “dejarían de funcionar.”

Casi 10.000 personas indocumentadas viven en New Bedford, según el estimado más reciente proporcionado por el IAC, uno conservador desde la perspectiva de Hughes. Ella agregó que su organización está en el proceso de arreglar clínicas para preparar a familias y asegurarles de que estén listos si les pase lo peor. 

“Los indocumentados no serán los únicos deportados, los que tienen la residencia permanente legal tampoco son ciudadanos y también están vulnerables a la deportación,” dijo Hughes.

“Hay muchas personas vistas como si fueran indocumentadas que no lo son en realidad,” dijo Corinn Williams, directora del Centro Comunitario del Desarrollo Económico del Sureste de Massachusetts (CEDC), otra organización local de servicios sociales sin fines de lucro que trabaja de forma extensive con la comunidad inmigrante. “Viven en circunstancias precarias porque muchos de los programas que le permiten vivir aquí tienen que ser renovados de vez en cuando.”

Programas así incluye los de la acción diferida por motivos del esfuerzo de la ley, los que llegaron como niños, el Estado de Protección Temporal, y también las políticas de asilo. La continuación de esas políticas es una pregunta abierta baja una nueva administración Trump. 

La incertidumbre, hasta un punto, es la meta, afirmó Williams, al mismo si las deportaciones no ocurran de una manera tan grande como la Redada Bianco. 

“La propuesta es aterrorizar a comunidades y criar un régimen del miedo,” ella dijo. 

La inmigración ocurre más al nivel individual, según Williams, y cada caso tiene su proprio contexto y matiz que lo dificulte en navegar los procesos legales. Al abrumar el sistema no resulta solo en la disminución de la velocidad de los procesos sino la desaparición total de los recursos de ayuda para maniobrarlo.

“Eso fue la tragedia de la Redada Bianco,” dijo. “Fue una operación masiva y la gente no sabía como encontrar la ayuda. ¿Pero quién tiene la capacidad para defender a todos los casos?”

La presencia centroamericana en New Bedford debe sus orígenes a convergencia de dos eventos significantes en la década de 1980. La primera fue el Genocidio Guatemalteco que formó parte de una guerra civil que duró 36 años en aquel país, cuando un régimen militar que contaba en el apoyo estadounidense mató o “despareció” unas 200.000 personas, indígenas Maya en su mayoría. La violencia lanzó una onda de migrantes guatemaltecos al norte, muchos de ellos sin documentos.

El segundo fue una serie de huelgas realizadas por sindicatos de pescadores y obreros en las casas de pez en esa década por disputas sobre el sueldo, pensiones, y prácticas en la contratación. Una huelga realizada por el Sindicato Internacional de Marinero de América del Norte en el diciembre del 1985 terminó cuando los dueños de barcos contrataron trabajadores no-sindicadores para mantener sus operaciones.  Un poco después, el sindicato se disolvió y se cambió en uno de los muchos rotos durante la administración anti-sindical del presidente Ronald Reagan. Por eso, muchos trabajadores salían de sus puestos, dejando un vacío para los inmigrantes dispuestos a trabajar por sueldos menores.

Como resultado de la disolución de los sindicatos, muchas de las restricciones sobre los procesos de contratación fueron levantados en los barcos y las más que 45 casas de pez de New Bedford. Los obreros indocumentados, guatemaltecos quichés al inicio contratados por agencias de trabajo temporal, comenzaron a entrar a New Bedford vía Providence y llevaron muchas veces llevaban sus familias y amigos por atrás de sí.  

Fue así como el activista de Pescando Justicia — que trabajaba en varias casas de pez al largo de 17 años — encontraba su trabajo. 

“[Las casas de pez] dan trabajo regularmente a las personas sin documentos,” dijo, agregando que sabía de apenas dos entre sus 50 colegas en su último trabajo con los documentos apropiados.  “Definitivamente lo saben.”

Su antiguo empleador — Atlantic Red Crab Co. — ha sido baja investigación por el Departamento de Trabajo de los EE. UU. por “violaciones posibles de las leyes de mano-a-la-obra de los menores de edad, sueldo overtime, y las contra la retaliación” El Public’s Radio, la emisora NPR de Rhode Island, lo reportó en el septiembre 2023. Un año antes del reporte, Pescando Justicia comenzó a circular un Código de Conducta y pedía a los operadores de las casas de pez y los oficiales a firmarlo, pidiéndoles a respetar los derechos de todos los obreros sin importarse de su estado de ciudadanía. Fue alrededor de entonces, según el activista, que la compañía comenzó a cortar las horas. 

“Nos contratarían porque saben que no vamos a quejarnos por la ansiedad sobre nuestro estatus,” dijo. “Fue cuando comenzamos a organizarnos que nos comenzaron a molestar.”

Oficiales del Atlantic Red Crab no respondieron a un pedido para comentario. Sin embargo, en una entrevista con el Public’s Radio, el dueño Jon Williams dijo que hubo un menor de 16 años que fuera descubierto trabajando en su fábrica que llegó allí por una agencia de mano-a-la-obra temporal. 

“No es que fui yo que contratara a esa persona sino la agencia que envió esa persona a mi edificio,” dijo él en la entrevista. “Y si, esa persona trabajó en mi edificio. No lo puedo negar. Pero a veces tengo 150 personas trabajando en mi edificio y todos llevan cascos y mascaras en sus caras. Así que sea algo difícil distinguir una persona de 18 años de una de 16 años.”

Los datos más recientes del censo muestran unos 1.500 guatemaltecos residentes en New Bedford, ya que ese número sea bajo en la estimación de muchos debido al miedo que tuvieran los indocumentados en revelar su identidad en el Censo 2020. Muchos que conocen la comunidad dicen que 6.000 es un estimado más cierto. (Ya en el 2022, su presencia fuera tan grande que las Escuelas Públicas de New Bedford entraron en un acuerdo con el Departamento de Justicia para mejorar los servicios de interprete en el k’iche’.)  La migración de guatemaltecos hacía la ciudad nunca se detuvo debido a las décadas de guerra civil que destruyó a la sociedad y sus instituciones. Inmigrantes de El Salvador y Honduras — dos países con historias y políticas tumultúas semejantes — venían en seguida. 

Muchos de ellos laboran en los barcos y las casas de pez, pero los números actuales son difíciles de calcular, dijo Daniel Georgianna, un economista de recursos de pez y canciller emérito en la Universidad de Massachusetts Dartmouth. 

“No cuentan los indocumentados,” él dijo. “Simplemente no lo hacen.”

Sea lo que sea el número actual, Georgianna dijo que los obreros indocumentados son esenciales para el funcionamiento de las casas de pez de New Bedford. “El sector de procesamiento no puede sobrevivir [deportaciones masivas],” agregó. “Es trabajo duro con un rendimiento bajo.” 

Representantes del Puerto de New Bedford, el Instituto Nacional de Pesqueras Marinas, un grupo de negocios, y varias casas de pez no respondieron a los pedidos para comentarios. 

Los trabajos en las casas de pez muchas veces son monótonos y exigentes físicamente, requiriendo largas horas de pie en ambientes de temperaturas bajas mientras las manos están sumergidas en agua fría por periodos largos, mientras uno corte a los mariscos rápidamente con herramientas afiladas. 

“No lo pueda creer si haya visto un cortador de pescado al trabajar,” dijo Georgianna. “Cortan un pez en 20 segundos y producen un rendimiento mayor que una máquina.”

Si pase que las deportaciones masivas comienzan en el primer día de la nueva administración, como dice el Trump frecuentemente, Georgianna concedió de que haya la posibilidad de que los sueldos suban para atraer la labor de los ciudadanos. Sin embargo, opina que lo más probable será que las fábricas se aprovecharán de las tecnologías para congelar sus productos y mandarlos para fábricas en el exterior antes de que los productos finales regresen para ser vendidos en el mercado americano como lo que pasó con las industrias de textiles y prendas. Eso resultaría en un aumento de los precios en mercados y restaurantes debido a los cuestos de la transportación y los impactos de las tarifas posibles propuestas por el presidente-electo. Él dijo que es allí donde la mayoría de los residentes de Massachusetts sentirían su impacto. 

“Motivaría una mudanza grande, no solo al corto-plazo sino al largo-plazo,” dijo. “La calidad caería y los precios subirían porque los inmigrantes son los que producen la comida. Punto final.” 

El Representante Estatal Christopher Hendricks, un Demócrata de New Bedford cuyo distrito incluye el Lado Norte y un gran pare del puerto de la ciudad, está de acuerdo. 

“Seria potencialmente devastador para New Bedford,” Hendricks comentó sobre la amenaza de deportaciones masivas del Trump. “Especialmente para la flota pescador de New Bedford. Cuando el pez sale del barco es procesado, probablemente, por un inmigrante de América Central.”

“No conozco a nadie que no sea de esa comunidad que ha obtenido un trabajo en el procesamiento del pez en los últimos 20 años,” continuó. “Ojalá que las compañías sean vocales sobre su mano-a-la-obra y sus necesidades reales y del disruptivo que sería eso.”

A pesar del conocimiento del papel que desempeña la mano-a-la-obra inmigrante en la industria, el apoyo para Trump está alta entre los pescadores aquí. Muchos fueron atraídos a él por la esperanza de que levantaría restricciones sobre el pescado y que llevaría en serio sus preocupaciones sobre los efectos de la energía eólica marina a los ambientes marítimos. 

Tyler Miranda, el capitán de cuatro barcos de vieiras en New Bedford que votó por Trump en el noviembre, dijo que los impactos locales de tales deportaciones serían de corto-plazo.

“No pienso que [las casas de pez] van a cerrar,” dijo. “Él no puede pasar por aquí a quitar todos, eso no es realista.”

Miranda agregó que piensa que la cantidad de personas cruzando la frontera tiene que ser controlado y que sería un incentivo para más cruzamientos para los Estados Unidos si no las deporten.

“No es que hayan cometido cualquier crimen o algo mientras estén aquí, pero, mismo así, están aquí ilegalmente,” dijo. “Nuestra fuerza laboral no debe tener los inmigrantes ilegales como base.”

El Trump no ha hecho público los detalles específicos sobre sus planes de deportación al parte de que declararía una emergencia nacional y que usaría los militares para detener a personas. (Él dijo en una entrevista con NBC News en diciembre que le gustaría trabajar con los Demócratas para encontrar una solución legislative para los inmigrantes indocumentados que llegaron al país como niños para que se queden legalmente.) El Miranda dice que él reconozca las contribuciones de los inmigrantes — con papeles o sin papeles — para la industria. Sin embargo, dijo que deben enfrentar las consecuencias por entrar al país ilegalmente.

“Desafortunadamente, habrá consecuencias económicas porque estamos en esta posición,” dijo. “La mayoría de ellos son gente buena y trabajador. Pero hay un proceso para entrar a este país.”

Puede ser que la historia reciente tiene lecciones de que se traten esas consecuencias. Georgianna destaca lo que pasó a las industrias de textiles y prendas que daban trabajo a miles. En la década 1920, había 70 fábricas de textiles y telas en New Bedford antes de que comenzaran a cerrarse y mudarse para los estados del sur como Alabama y Virginia donde los sueldos fueron menores. Consecuentemente, las fábricas de prendas y puntadas comenzaron a dar empleos a muchos inmigrantes, las mujeres particularmente — un padrón que se extendía hasta la década de 1990.

Cuando los EE. UU. firmaron el Tratado del Libre Comercio Norte Americano con Canadá y México, que entró en esfuerzo en 1994, millones de trabajos de manufacturación se fueron para México. Según datos de la Oficina Ejecutiva de Labor y Desarrollo, hubo 14 fábricas de textiles y telas en New Bedford en el 2001. Hoy en día, se quedan tres solos. Las fábricas de prendas, más prominente en la zona en aquella época, bajaron de 28 hasta 13 en el mismo periodo.

“Llegué en [19]77 y hubo muchas tiendas de puntadas en la ciudad,” dijo Georgianna. “Ya casi no hay.”

Eso resultó en la desaparición y caída severa de los sueldos, gastos, y rendimientos por impuestos en la ciudad — un padrón hecho peor por la cantidad de personas que salían de la zona en sus búsquedas por trabajo. Según un análisis del gobierno municipal, la población de New Bedford cayó 6 por ciento en la década de 1990. Se correspondió a una caída en el sueldo anual promedio de hogar de 6 por ciento desde $29.441 en 1989 hasta $27.569 en 1999.

Por lo grande que fuera el colapso de las industrias de prendas y textiles, deportaciones masivas repentinas podrían tener un impacto mayor por la escala temporal trancada. Los activistas dicen que el pueblo sentiría sus efectos adversos rápidamente. 

“En general, el sureste de Mass es vulnerable porque no hemos disfrutado del mismo crecimiento económico que se ve en la zona de Boston y dependemos en los sectores como la pesquera, fabricación, construcción,” dijo Williams, del CEDC del Sureste de Massachusetts. “ 

El Massachusetts ha estado el enfoque de la polémica sobre la inmigración varias veces en los años recientes. En el septiembre 2022, el Gobernador Ron DeSantis de Florida aerotransportó 50 personas, venezolanos en su mayoría, solicitando el asilo para Martha’s Vineyard. La cobertura de los medios de noticias de los acontecimientos resultó en una gran simpatía pública por sus circunstancias. En los dos años desde entonces, otros gobernadores republicanos seguían su ejemplo y mandaban un corriente constante de migrantes, más notable unos 14.000 haitianos, la mayoría en procesos de asilo y Estado Temporal de Protección (TPS). La prensa local fue inundada por historias de migrantes nuevos durmiendo en el Aeropuerto Logan y el aplastamiento del sistema de albergues en Massachusetts dieron motivo a la Gobernadora Maura Healey para declarar un estado de emergencia el año pasado. Como consecuencia, la simpatía entre sectores del público dio espacio para la hostilidad hacía los migrantes. 

Fue ese el fondo cuando el Trump prometió “lanzar el mayor programa de la deportación en la historia americana” en el primer día de su segundo término y que deportaría a las personas “lo más rápido posible.” Como será eso en la realidad es una pregunta abierta. La logística de una operación tan grande — hay estimados de 11 millones de personas sin documentos por todo del país — sería costos y tendría efectos por toda la economía. En Massachusetts, hay un estimado de 130.300 inmigrantes indocumentados con capacidad en gastar $3,7 billones. Suelen trabajar en las industrias de la limpieza, construcción, servicios de comida, y trabajos de fabricación. 

Mismo así, unos políticos estatales prominentes — incluso a la Healey — han dicho que no van a permitir el uso de recursos estatales ni municipales para apoyar acciones de ICE. 

“Pienso que sea absolutamente apropiado que haya esfuerzo y deportación de personas que cometen delitos, incluso los crímenes violentos,” dijo Healey a la NBC Boston poco después de la victoria de Trump. “Reconocemos que sería devastador si hubiera redadas masivas, aquí y en todo del país, que quitaran personas que han estado trabajando por mucho tiempo en este país y que tengan familias e hijos aquí.” Su oficina se negó los pedidos de CommonWealth Beacon para una entrevista.

La Alcalde de Boston Michelle Wu también ha dicho públicamente que la ciudad va relajarse en el Trust Act, una ley que prohíbe a la policía de Boston a preguntar a personas sobre su estado migratorio y también prohíbe su participación en las acciones de ICE, para resistir la presión de la administración Trump para ayudar en las deportaciones.

“El Boston Trust Act impone prohibiciones estrictas a los oficiales de la policía e impide su inclusión en la ejecución de las leyes de inmigración,” dijo Wu en noviembre en  el programa “Boston Public Radio.” “Nuestra misión aquí es cuidarles a los residentes de Boston y usar nuestros recursos de todas las fuentes disponibles para realizarla.” 

Ni el Massachusetts ni la New Bedford tiene una ley santuario en el código legal que prohíbe la cooperación policiaca con el ICE. Sin embargo, una decisión del Corte Supremo Judicial en el 2017 declaró que las policías en la Mancomunidad no tienen la autoridad para arrestar o detener una persona solo por el motivo de un detainer del ICE. 

Al pedirle al Alcalde de New Bedford Jon Mitchell para un comentario, el portavoz de la ciudad Jonathan Darling dijo que el gobierno municipal va esperar a ver como se evoluciona la situación.

“La Ciudad va a monitorizar a los cambios potenciales de la política federal de la inmigración y a otros asuntos y continuará a defender a los intereses de los residentes y negocios de New Bedford,” dijo en un correo electrónico.

En la atmosfera de confusión y pánico que resultó de la Redada Bianco, hubo familias separadas y muchos comenzaron sus experiencias en el corte de inmigración. Representante Estatal Antonio Cabral, un Demócrata cuyo Distrito incluye el Lado Sur de New Bedford y secciones de su puerto, dijo que lo recuerda intensamente.

“¿Vamos a romper a las familias como pasó en el caso Bianco?” él dijo. “Los niñitos, ciudadanos estadounidenses, que esperaran ver a su madre o a su padre después de salir de la escuela y eso no pasó. Es algo devastador y creo que haya formas mejores para navegar el asunto.”

No se sentía cómodo hablando de las acciones posibles que serán necesarias para navegar tal situación en los años que vienen hasta que sea claro como son los planes de deportación del Trump.  

“Hasta ahora, ni sabemos del significado ‘deportaciones masivas,’” dijo Cabral. 

La Corinn Williams dijo que los lideres estatales y locales deben estar explorando sus opciones para apoyar comunidades, aunque ella esté consciente de lo difícil que sea eso cuando no haya certeza de lo que pasará. Al mismo que sea así, ella espera que tomen sus preocupaciones en serio porque la mera amenaza de deportaciones masivas pueda impedir las actividades locales. 

“Hay ciertas vulnerabilidades que tenemos como una comunidad y muchos nos han dicho que ni quieran llevar un bus o llevar sus niños a la escuela,” ella dijo. “El pueblo se va a cercenar y se está criando algo como un terror que impide a las personas a circular en la comunidad y la economía.” 

El Jefe de la Policía Oliveira dijo a la Commonwealth Beacon que la policía de la ciudad continuará a servir los integrantes de la comunidad sin importarse con su estatus de inmigración.  

“Voy a seguir viniendo y seguiré siendo un defensor por lo que hacen aquí en nuestra ciudad,” dijo. “Son una pieza integral de nuestra ciudad. Para mí, eso es un orgullo y sé que les enorgullece a ellos también.”

“Forma una gran parte de nuestra fuerza laboral aquí en New Bedford,” continuó. “[Deportaciones masivas] dañarían a nuestra ciudad definitivamente y por eso no me gusta especular sobre eso.”

El activista de Pescando Justicia notó que los sueldos bajos y la lucha para sobrevivir combinan y resultan en una falta de consciencia entre muchos de la comunidad sobre la situación política y el caos que la causará. 

“Muchas personas quieren trabajar solo para llevar pan a sus casas,” dijo. “No se paren para pensar más allá de eso.” 

 “No es la primera vez que nos amenazan con deportaciones masivas,” dijo, notando que hubo millones de personas deportadas durante la administración Obama. Lo hemos sobrevivido antes. Solo que nadie hable de eso.” 

Dijo que él y su esposa, también indocumentada, tienen dos hijos que son ciudadanos estadounidenses, que tienen 15 y 17 años respectivamente. La familia ya ha hecho planes de contingencia y ha conversado sobre la posibilidad de su deportación

“También nosotros estamos psicológicamente preparados,” dijo. “Estas son las cosas de que nuestra comunidad todavía le falta hacer.”

La Williams dijo que parece que el mensaje ya se ha llegado al pueblo y que ellos están preparándose para lo peor al mismo tiempo que continúen en la lucha cotidiana para la sobrevivencia. 

“Una mujer nos llamó del Hospital St. Luke’s el día después de la elección,” se recordó. “Apenas dio la luz a una hija y quería saber cómo obtener su pasaporte para que se pudiera ir con sus padres a Guatemala.” 

Los activistas dicen que lo mejor que puedan hacer ahora es creer las palabras de Trump y ayudar a sus comunidades en las preparaciones para lo peor. 

Eso el trabajo que hace el Adrian Ventura, el fundador y director del CCT, todos los días. 

“Miren a todo lo que hemos logrado,” dijo a un grupo de 350 personas, hablantes del quiché y español en su mayoría en los medios del diciembre, en un esfuerzo para mantener un tono de esperanza. “No vamos a dejar de luchar solo porque gañó el Trump.” 

Otra vez, el CCT convocó una reunión para ayudar a los inmigrantes — muchos de los asistentes ya hubieron obtenido permisos de acción diferida, pero aún más seguían siendo indocumentados — a navegar la administración entrante. El Oliveira juró de nuevo el apoyo policiaco para la comunidad y abogados de inmigración listaron las acciones que las personas puedan hacer para protegerles.  Ya después, la charla se tornó hacía el juramento del Código de Conducta que el Pescando Justicia publicó hace dos años que pide a las casas de pez que se comprometen a un aviso de al mínimo 12 horas sobre los horarios del trabajo para los empleados, que le den breaks a intervalos regulares, y que se abstienen del uso de las amenazas de deportación para controlar a los obreros. Los organizadores del CCT juntos con la Justicia en el Trabajo, una organización sin fines de lucro ubicado en Boston que ayuda a los obreros en trabajos de sueldos bajos, esperaron darle motivación a la multitud para defender a sus derechos y luchar para mejores condiciones laborales, a pesar de la mudanza en el escenario federal.  

“¿Quién quiere firmar la petición?” les preguntó Ventura, que obtuvo su ciudadanía estadounidense unos meses antes.

Todos se levantaron las manos.

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On a chilly November evening, the first after a string of 70-degree days, people made their way to a former storefront on Acushnet Avenue in New Bedford’s North End. Some of the 50 or so gathered made small talk with friends, mainly in Spanish and K’iche’, a language spoken by over a million people in rural Mayan communities of Guatemala. 

Voters had elected Donald Trump to the presidency a second time just two weeks before, and this fact sat heavily in the air among those in attendance — primarily immigrants from Central America, many of them undocumented — at the Centro Comunitario de Trabajadores (CCT), or Worker’s Community Center. 

During the campaign, Trump promised voters mass deportations, pledging at points to declare a national emergency and involve the military in rounding up immigrants. He has publicly mused about changing the Constitution to end birthright citizenship. In an appearance on “Meet the Press,” Trump said he’d consider deporting US citizen children of deportees to avoid separating families, and his pick for border czar, Tom Homan, said the largest deportation operation in history would start on January 21, the day after Trump’s inauguration.  

The first speaker of the evening was New Bedford Police Chief Paul Oliveira, who was peppered with questions in Spanish about how Trump’s deportation plans might affect the work of the local police. If we suffer a hate crime, can we still report it? If Immigration and Customs Enforcement (ICE) issues a detainer, do police act on it?

“We have nothing to do with ICE,” Oliveira reassured the crowd through an interpreter. “Nothing changes between the police and how we interact with the community.” 

After Oliveira, Jennifer Velarde, a New Bedford immigration attorney, stood in the front of the room and began listing ways to prepare for a dramatic shift in immigration policy: Don’t open the door to anyone you don’t know unless they have a warrant. You have a right to remain silent. Abstain from — and seek treatment for disorders related to — alcohol and other mind-altering substances to avoid legal problems.

Velarde also advised people to draw up documents granting custody of their children to a trusted person and to ensure their passports are ready to visit parents abroad.

“If you know there’s a chance you could be deported, now’s the time to talk about it with your family,” she said. All the advice she had to offer could be summed up in two words: brace yourselves.

“There is much about what will happen that we don’t know about,” Velarde said. “What I do know is much of what I know about immigration [law] is going to change, and it’s not going to be pretty.”

For two centuries, immigrants have sought refuge in New Bedford and have become the backbone of the city’s main economic driver — the fishing industry — which generates $11.1 billion annually in economic activity, according to a 2019 study commissioned by the Port of New Bedford. Their presence in this city — extending back to the heydays of the whaling and textile industries — continues to grow.  More than one-fifth of New Bedford’s more than 100,000 residents were foreign-born as of the 2023 American Community Survey One-Year Estimate, almost 55 percent of them non-citizens.

Immigrant advocates have good reason to think New Bedford may figure prominently on a list of places that will be targeted under an aggressive deportation campaign by the new administration. Activists here founded CCT in the aftermath of the March 2007 Immigration and Customs Enforcement raid — the largest in US history at the time — on the Michael Bianco Inc. textile plant in New Bedford’s South End, which resulted from a tip from a worker. Agents detained 361 undocumented workers from Cabo Verde, the Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Portugal, and other countries. One activist with the group, an undocumented Guatemalan man who spoke on the condition of anonymity due to fears of deportation, said CCT was born of struggle and will continue to fight for local workers and the immigrant community under the second Trump administration.

Mass deportations on the scale Trump is promising would, many experts say, mean families ripped apart, livelihoods lost, and a drain on the social safety net as undocumented immigrants pay billions into Social Security and Medicare through payroll taxes without being able to access payments or services from the programs themselves. It would not only upend New Bedford’s fishing houses but also affect state tax coffers and potentially force many residents to leave in search of jobs.

Having lived through the Bianco raid, New Bedford already has more first-hand experience than most communities with deportations at scale. In 2007, more than half of those deported were from Guatemala, and most were indigenous Maya from the district of El Quiché in the nation’s northwest. Families were split apart as social services, city agencies, and even schools attempted to navigate the chaos.  The raid also made it impossible to ignore how large swaths of the US economy quietly rely on undocumented immigrants. 

The lack of details about Trump’s plans leaves officials, activists, and civilians apprehensive and anxious about the scale, tactics, and impacts of such an operation.  Nonetheless, activists in New Bedford say they are sure the city won’t escape the consequences. 

“I’m confident [Trump] will follow through,” said a CCT activist who also works with Pescando Justicia (Fishing for Justice), an organization focused on labor conditions in fish houses in New Bedford and the surrounding areas. He asked to remain anonymous due to fears of deportation related to his undocumented status. “Our community is not ready for what’s coming.”

Though a small segment of the Massachusetts economy, fishing and seafood processing dominate New Bedford. City officials tout its status as the largest fishing port in the country when measured by the value of the catch. In 2023, the port’s landings were valued at more than $363 million, National Marine Fisheries Service data show. (The second-place port, Dutch Harbor in Alaska, had a catch value of $224.5 million.) Much of this is due to the price of the Atlantic sea scallop, which makes up 80 percent of the New Bedford catch.

The city’s maritime heritage is key to its identity, with deep roots reaching at least to the 19^th century, when it was a world leader in whaling and processed whale products. A history of whaling ships stopping in the Azores and Cabo Verde islands to rest, recrew and resupply planted those communities’ roots in the city. Both groups have become an integral part of New Bedford’s identity. Those immigrants were vital to the city’s maritime industries then and remain so now, whether in the US legally or not, said Helena DaSilva Hughes, president of the Immigrants’ Assistance Center (IAC) — a local social services nonprofit. 

“You can’t talk about how New Bedford is the number one [fishing] port in the country for 20 years without talking about who’s doing the work. [The fish houses] are the economic engine of New Bedford,” Hughes said, and without immigrant labor “they would cease to function.”

About 10,000 undocumented people reside in New Bedford, according to the most recent estimate provided by the IAC, a conservative one in Hughes’s eyes. She added that her organization is arranging clinics to help families prepare for the worst. 

“It’s not just going to be undocumented immigrants who are deported; legal permanent residents are not citizens yet, and they can be deported as well,” she said.

“There are a lot of people who are perceived as undocumented but really are not,” said Corinn Williams, director of the Community Economic Development Center of Southeastern Massachusetts (CEDC), another local social services nonprofit that works extensively with immigrant populations. “They are under precarious circumstances because a lot of the programs they are here under need to be periodically renewed.”

Programs such as deferred action for enforcement purposes, childhood arrivals, and Temporary Protected Status have enabled many to stay in the country and work legally in the US, as have asylum policies. Their continuation under a new Trump administration remains an open question. 

Yet that uncertainty is, to an extent, the point, said Williams, even if deportations do not happen in as flashy a manner as the Bianco raid. “The purpose is to terrorize communities and instill fear,” she added.

Immigration happens more at an individual level, she added, as each case has its own context and nuance that makes legal processes difficult to navigate. Overwhelm the system, and not only do processes slow, but the resources to help maneuver through the system disappear altogether. 

“That was the tragedy of the Bianco raid,” she said. “It was a big sweep, and people didn’t get access to legal counsel. But who has the bandwidth to stand beside every single case?”

The Central American presence in New Bedford began in the 1980s due to the confluence of two significant events. The first was the Guatemalan Genocide, a part of that nation’s almost 36-year civil war, when the US-backed military regime killed or “disappeared” around 200,000 mostly indigenous Maya. The violence launched a wave of Guatemalan migrants north, many without documentation. 

The second was a series of strikes by fishermen and fish house workers in the 1980s over earnings, pensions, and hiring practices. The Seafarers International Union of North America strike in December 1985 was broken when non-union workers were brought in to keep the boats in operation. Shortly thereafter, the union dissolved and became one of the many destroyed amid the anti-union sentiment ushered in by the Reagan administration, creating vacancies for new arrivals willing to work at lower rates.  

As a result of the unions’ dissolution, many hiring restrictions were lifted on boats and in New Bedford’s more than 45 fish houses and processors. Undocumented workers, initially led by Guatemalan K’iche’ and hired through temporary placement agencies, began to stream into New Bedford via Providence, with friends and family often following. 

That’s how the Pescando Justicia activist — who labored in multiple fish houses for 17 years — found work. 

“[Fish houses] would regularly give work to undocumented people,” he said in Spanish, adding that he was only aware of two among 50 coworkers at his last job with proper documentation. “They definitely know it, too.”

His former employer — Atlantic Red Crab Co. — has been under investigation by the US Department of Labor for “possible violations of child labor, overtime pay, and anti-retaliation laws,” The Public’s Radio, Rhode Island’s NPR station, reported in September 2023. A year before that, Pescando Justicia began circulating a Code of Conduct for fish house operators and local officials to sign, asking them to respect the rights of all workers regardless of their citizenship status. Around this time, the activist said the company began cutting hours.

“They’d hire us because they knew we wouldn’t complain because of worries about our status,” he said. “When we started [organizing], that’s when they came after us.”

Atlantic Red Crab Co. officials did not respond to a request for comment. But in an interview with The Public’s Radio, owner Jon Williams said a 16-year-old found to be working at his plant came through a staffing agency.

“It isn’t like I hired this person, but the staffing agency sent that person to my building,” he said in the interview. “And yes, that person worked in my building. I can’t deny that. But sometimes I have 150 people working in my building, and they all wear hairnets and face masks. So it’s pretty hard to tell an 18-year-old from a 16-year-old.”

The most recent census data show that 1,500 Guatemalans now live in New Bedford, though that figure is likely low because many undocumented residents don’t respond to the census for fear of being deported. Many familiar with the community say 6,000 is a more accurate estimate. (By 2022, their presence was strong enough for New Bedford Public Schools to enter into an agreement with the Department of Justice to improve interpretation services in K’iche’, an indigenous language.) The flow of migrants from Guatemala never stopped as decades of war shattered society and institutions. Immigrants from El Salvador and Honduras — nations dealing with similarly tumultuous histories and politics — soon followed.

Many of those immigrants work on fishing boats and in processing houses, but the actual numbers are difficult to calculate, said Daniel Georgianna, a fisheries resource economist and chancellor emeritus at the University of Massachusetts Dartmouth.  

“They don’t count undocumented people,” he said. “They just don’t.” 

Whatever the exact number, Georgianna said undocumented workers are essential to the operation of New Bedford’s fish houses. “The processing sector couldn’t survive [mass deportations],” he added. “It’s low wage, hard work.”

Representatives from the Port of New Bedford, the National Marine Fisheries Institute, a business group, and multiple seafood processing plants did not respond to requests for comment. 

Jobs in the fish houses are often monotonous and physically demanding, requiring long hours on one’s feet in low-temperature environments with hands submerged in water for long periods, swiftly fileting marine products with sharp tools. 

“If you ever saw a fish cutter at work, you just wouldn’t believe it,” Georgianna said. “They filet a fish in 20 seconds and get a better yield than a machine.”

Should mass deportations begin on the new administration’s first day, as Trump frequently says they will, Georgianna conceded wages might increase to attract citizen labor. But with the rise of technology, he suspects most companies would simply freeze the products and ship them overseas for processing before returning to American markets, much like what happened with the textile and garment industries. Once there, transportation costs and the potential impact of tariffs proposed by the president-elect would impact prices in stores and restaurants. He said that is where most Massachusetts residents would feel the effect.

“It would cause a large shift, not only immediately but longer term,” he said. “Quality would decline, and prices would go up because immigrants do food production. Period.” 

State Rep. Christopher Hendricks, a New Bedford Democrat whose district includes the North End and much of the city’s port, concurred.

“It could potentially be devastating for New Bedford,” Hendricks said of Trump’s mass deportation threat. “Especially the fishing fleet in New Bedford. When fish comes off the boat, it gets processed, chances are, by an immigrant from Central America.”

“I don’t know anybody who’s not from that community who’s gotten a job in fish processing in the last 20 years,” he continued. “I hope those companies are vocal about their workforce and their true needs and how it’s going to be disruptive.”

Despite the widespread knowledge of immigrant labor’s role in their industry, support for Trump is high among fishermen here. Many were drawn by hopes that he’d lift fishing restrictions and take their concerns about the effects of offshore wind farms on marine habitats seriously. 

Tyler Miranda, a captain of four scalloping boats docked in New Bedford who voted for Trump in November, said the local impacts of such deportations would be short-term and evolve over time.

“I don’t think [fish houses] will shut down,” he said. “He can’t just come through and take everybody; that’s just unrealistic.”

Miranda added that he thinks border crossings need to be brought under control, and not deporting people incentivizes more migrants to come to the United States. 

“It is not that they’ve committed any crimes or anything while they’re here, but they are here illegally,” he said. “Our workforce shouldn’t be made up of illegal immigrants.” 

Trump has not released specifics about deportation plans beyond saying he would declare a national emergency and use the military to round people up. (In a December interview with NBC News, Trump said he would like to work with Democrats to figure out a legislative solution to help undocumented immigrants who came to America as children stay in the country legally.) Miranda acknowledges the contributions of immigrants — with or without documentation — to the industry. Nonetheless, he said they should face consequences for entering the country illegally. 

“Unfortunately, there will be some economic ramifications because we’re in this position,” he said.  “Most of them are good, hard-working people. But there’s a process for coming to this country.”

Recent history may have lessons as to what those ramifications may be. Georgianna pointed to the textile and apparel industries that once employed thousands. In the 1920s, there were 70 textile and fabric mills in New Bedford before those began to close and move south to states like Alabama and Virginia where wages were lower.  Apparel and stitching mills began employing many immigrants, especially women — a trend that continued into the 1990s. 

When the US signed the North American Free Trade Agreement with Canada and Mexico, which became effective in 1994, companies moved millions of jobs to Mexico. According to the Executive Office of Labor and Development, there were 14 textile and fabric mills in New Bedford in 2001. Today, only three remain. The apparel mills, more prominent in the city by the 1990s, dropped from 28 to 13 over the same time period.

“I came in [19]77, and there were still a lot of stitching shops in the city,” Georgianna said. “They’re pretty much gone now.”

That meant paychecks disappeared, and spending and tax revenues were severely diminished — a trend made worse by more people leaving the area to find work. According to one city analysis, New Bedford’s population dropped by 6 percent in the 1990s. It also led to a 6 percent drop in median household income, from $29,441 in 1989 to $27,569 in 1999.

Significant as the effects of the garment and textile industry collapse were, sudden mass deportations could have a far bigger impact given the truncated timescale.  The adverse effects would be felt swiftly and widely, activists say.

“Southeastern Mass. in general is vulnerable because we haven’t enjoyed the boom that happened in the Boston area and we depend on sectors like fishing, manufacturing, construction,” Williams, of the Southeastern Massachusetts CEDC, said. 

Massachusetts has taken center stage in the immigration debate on multiple occasions in recent years. In September 2022, Gov. Ron DeSantis of Florida airlifted 50, mostly Venezuelan, asylum seekers to Martha’s Vineyard. The ensuing media storm generated widespread public sympathy for their plight. However, many red state governors followed suit, and a steady stream of migrants, most notably 14,000 Haitians, many seeking asylum and Temporary Protected Status (TPS) protections, arrived in the two years since. Stories swamped the local media about the new migrants sleeping in Logan Airport and overwhelming the Massachusetts shelter system, prompting Gov. Maura Healey to declare a state of emergency last year. Consequently, sympathy among sectors of the general public ebbed and gave way to hostility toward the new arrivals. 

It was against this backdrop that Trump promised to “launch the largest deportation program in American history” on day one of his second term and to deport people “as fast as possible.”  What that looks like in practice remains to be seen. The logistics of deporting millions of people — some estimates put the number of undocumented residents as high as 11 million nationwide — would be costly and have ripple effects across the economy. Massachusetts is home to an estimated 130,300 undocumented immigrants, with a total spending power of $3.7 billion. They tend to work in cleaning, construction, food service, and manufacturing jobs.

Nonetheless, several prominent politicians statewide — including Healey — have said they will not allow the use of state or municipal resources to assist ICE with enforcement actions. 

“I think it’s absolutely appropriate that there be enforcement and deportation of individuals who commit crime, including violent crime. That’s very, very important,” Healey told NBC Boston shortly after Trump’s victory. “We recognize it would be devastating if there were mass raids, here and across the country, that took out people who’ve been working in this country for a long time, who have families and kids here.” Healey’s office declined requests for an interview from CommonWealth Beacon.

Boston Mayor Michelle Wu has also gone on record to say that the city will be relying on the Boston Trust Act, an ordinance that prohibits Boston police from asking people their immigration status and making arrests on administrative ICE warrants, to resist pressure from the Trump administration to assist in deportations.

“The Boston Trust Act puts strict prohibitions on local law enforcement from being pulled into becoming the enforcement arm for the whims of whatever the sort of approach of the federal immigration law might be,” Wu said in November on “Boston Public Radio.” “Our charge here is to take care of the residents of Boston and to use the resources that we have from all the sources that are available to get things done on the issues that matter.”

Neither Massachusetts nor New Bedford has sanctuary legislation on the books prohibiting police cooperation with ICE. But a 2017 Supreme Judicial Court ruling declared that police officers in the Commonwealth lack the authority to arrest or hold an individual solely based on an ICE detainer. 

When asked for comment from New Bedford Mayor Jon Mitchell, city spokesman Jonathan Darling said municipal authorities are waiting to see how the situation evolves. 

“The City will monitor potential changes in federal policy on immigration and other areas and will continue to advocate for the interests of New Bedford residents and businesses,” he said in an email.

In the reigning confusion and panic following the Bianco raid, families were separated, and many began their journeys through immigration court. State Rep. Antonio Cabral, a Democrat whose district contains New Bedford’s South End and portions of the port, said he remembers the moment vividly. 

“Are we going to break up families like [what] happened in the Bianco case?” he said. “Little kids, US citizens, who expected to see their mother or father after school and that didn’t happen.  That’s devastating and I think there are better ways of dealing with the issue.”

He did not feel comfortable speaking about possible actions to navigate such a situation in the coming years until it is clear how Trump’s mass deportation plan plays out.  

“At this point, we don’t even know what mass deportation means,” Cabral said. 

Corinn Williams said state and local leaders should be exploring how best to support communities now, though she knows it’s difficult when so much is uncertain. Still, she hopes they take these concerns seriously since the mere threat of mass deportation is enough to hamper local activities.

“There are certain vulnerabilities we have as a community, and many have told us they don’t want to even ride the bus or take their kids to school,” she said. “People are going to retrench, and it’s creating the kind of terror that stops people from circulating in the community and the economy.” 

Police Chief Oliveira told Commonwealth Beacon that the city’s police will continue to serve all members of the community, regardless of their immigration status.  

“I’m going to continue coming and continue to be an advocate for what they do here in our city,” he said. “They’re a vital piece of our city. I’m proud of that, and I know they’re proud of that.”

“They’re a big part of our workforce here in New Bedford,” he continued. “[Mass deportation] would definitely take a toll on our city, and that’s why I don’t even like speculating on it.”

The Pescando Justicia activist noted that low wages and the struggle for survival mean that many in the community are unaware of the political situation and the chaos he foresees. 

“They’re only thinking of work and getting their daily bread,” he said. “They don’t stop to think beyond that.” 

He added that the Bianco raid taught the community a lot and gave many firsthand experiences with family separation. Even though he worries about the potential scale of the coming immigration enforcement, the threat is something he’s grown accustomed to.

“It’s not the first time we’ve faced massive deportations,” he said, noting that millions were deported under the Obama administration. We’ve lived through them before. It’s just that no one talked about it then.”

He said he and his wife, who is also undocumented, have two US citizen children, aged 15 and 17. The family has made contingency plans and spoken about the possibility of their removal.

“My family is psychologically prepared as well,” he said. “These are things that our community still needs to do.”

Williams said it looks like the message is starting to hit home and that people are bracing for the worst even amid the daily struggles for survival.

“The day after the election a woman called from St. Luke’s Hospital,” she recalled. “She just had a daughter and wanted to know how to get her passport so she could come with her parents to Guatemala.”

The best activists say they can do now is to take Trump at his word and prepare their communities for the worst.

That’s work that Adrian Ventura, CCT’s founder and director, takes on every day. “Look at all we have accomplished,” Ventura said to a gathering of 350 mostly K’iche’ and Spanish speakers in mid-December, trying to strike a hopeful tone. “We’re not going to stop fighting just because Trump won.”

CCT had once again convened a meeting to help immigrants — many in attendance had obtained deferred action permits, but many more remained undocumented — navigate the incoming administration. Oliveira again pledged local police support for the community and immigration attorneys went through the list of actions people could take now to protect themselves. 

But then the talk turned to the Code of Conduct pledge Pescando Justicia began circulating two years ago, asking the fish houses to agree to advise workers of their schedules with 12 hours’ notice, give regular breaks, and refrain from using deportation as a threat. CCT organizers along with Justice at Work, a Boston-based non-profit that helps workers in low-wage jobs, were hoping to get the crowd motivated to stand up for their rights and advocate for better working conditions, despite the changing federal landscape.

“Who’s going to sign the petition?” asked Ventura, who obtained US citizenship earlier this year.

Everyone’s hand went up.

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